Lo que a estas alturas
está en juego con el destino de la Consulta Previa (CP) a los Pueblos Indígenas
no es la persistencia de los conflictos sociales o la garantía de las
inversiones; está en juego un derecho democrático, de alcance global, asumido
por el Perú a través del Convenio 169 de la OIT firmado hace ya casi 20 años,
que consiste en considerar la opinión de dichos pueblos, y obtener su
consentimiento, en las políticas, proyectos y normas que afectan su derecho
mismo a existir y sus posibilidades de desarrollo propio.
A la postergación de la
aplicación de dicho Convenio durante tantos años, la renuencia del último
Gobierno de García a promulgar la ley, se suma ahora la frustración que genera
el actual gobierno que, tras haber aprobado la Ley, el Reglamento y la Guía
metodológica, busca por todos los medios acotar este derecho o simplemente
aplazar su aplicación. Lo “paradójico” es que esta situación no es denunciada
por determinados sectores que son particularmente activos de hacerlo cuando
sienten que se vulnera el “estado de derecho” si se pretende cualquier
modificación en el actual esquema económico en el país. Por el contrario,
vienen generando presiones para evitar el ejercicio de la CP a la que algunos
de sus representantes consideraran “romántica”, prácticamente inservible, y
pasible de ser politizada por las “comunidades nómadas” y las ongs.
En esta perspectiva, se
han producido varias señales y hechos que hacen dudar de la capacidad o de la
voluntad real del actual gobierno de implementar este derecho democrático con
todas sus implicancias y consecuencias, y han evidenciado las diferencias a su
interior entre los sectores como Energía y Minas, Ambiente o el Ministerio de
Cultura al que recientemente renunció el viceministro Iván Lanegra, encargado
de impulsar el proceso, tras la decisión del gobierno de no publicar la Base de
Datos de los Pueblos Indígenas, un instrumento que facilitaría la aplicación de
la Consulta.
Así, la negativa a
incorporar las observaciones de las organizaciones tanto en la ley como en el
reglamento, incluidas muchas que llegaron a consensuarse; la dilación de la
publicación de la Guía Metodológica que finalmente fue aprobada y publicada no
sin muchas críticas; la decisión de no hacer pública la Base de Datos elaborada
para establecer qué pueblos son objeto de consulta para “no crear falsas
expectativas”; las declaraciones del presidente de la República sobre la
exclusividad de las comunidades nativas amazónicas para la realización de la
Consulta desconociendo a los pueblos de la zona andina como indígenas;
finalmente, la pretensión de desarrollar procesos de consulta a medida, caso
por caso, evaluando si es que se aplica o no, muestran que el objetivo
principal del gobierno es fundamentalmente “destrabar los proyectos mineros” y
“acelerar las inversiones”.
Con ello se vienen
desarrollando maniobras de aplazamiento innecesario de la CP, se está
pretendiendo excluir a las organizaciones regionales y nacionales de estos procesos,
y se viene intentando ampliar de manera ilegal las consideraciones para
determinar qué sectores de la población son o no considerados indígenas. Lo
que terminó siendo un prometedor
esfuerzo por concretar la CP impulsada a inicios del gobierno de Humala con la
promulgación de la Ley, hoy termina siendo un obstáculo para la forma en
que se siguen implementando proyectos especialmente relacionados a la
explotación de las materias primas en territorios de estos pueblos y que ahora
son la única prioridad del gobierno. Se pretende así se hagan consultas o se
eviten sobre la base de hechos consumados, que se desarrollen como
procedimientos administrativos que no implican una real incidencia en el
destino de los proyectos extractivos, contradiciendo la buena fe que debe estar
en el centro de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado.
Este próximo 5 de junio
se conmemorará un año más del Baguazo, que significó la pérdida de vidas de
varios peruanos, entre ellos policías e indígenas, y consideramos fundamental
exigir el cumplimiento de la CP insistiendo en que esta debe darse sobre la
base de condiciones que la hagan legítima, es decir que sea realmente libre,
previa e informada, resguardando así el estado de derecho que hipócritamente
dicen defender los sectores más retrógrados del país cuando de sus negocios se
trata. Veremos si en el marco del nuevo impulso anunciado en días recientes por
el gobierno de Humala no terminamos nuevamente sumidos en nuevas situaciones de
violencia y en una CP implementada tal como se han venido implementando los
Estudios de Impacto Ambiental, que en los hechos han sido un saludo más a la
bandera, que sólo han provocado más muertes y un mayor rechazo de la población
a los proyectos extractivos.
