Son varios ya los años que
tenemos padeciendo el deterioro de la universidad y la educación superior en
general. Las causas de este deterioro son de diversa índole: la pérdida de su relevancia
en el quehacer nacional como productora de conocimiento o dotadora de cuadros
profesionales; su falta de pertinencia para relacionarse con la realidad y los
problemas sociales; su mediocridad académica; sus limitaciones institucionales
habiéndose configurado un sistema político perverso que reproduce la corrupción
y el clientelismo; su conversión en un vil negocio tanto en las universidades
con fines de lucro en la mayoría de los casos son una estafa, con posgrados
incluidos, como en las universidades públicas que en nombre de la proyección
social o brindar servicios son negocios privados.
El marco institucional de este
deterioro han sido la vieja ley universitaria que ya no responde a los desafíos actuales de la educación superior,
y el régimen que propició el fujimorismo con la multiplicación de las universidades con fines de
lucro de manera descontrolada y bajo la forma más salvaje de “libre mercado”.
Se han producido algunas iniciativas de cambio, sin embargo, estas siempre han
sido de poca profundidad, abordando aspectos bastante parciales de la
problemática, mientras que los actores universitarios han estado
fundamentalmente a la defensiva, unos para defender el estatus quo de la
decadencia, otros por simple “defensismo”, sin la capacidad de articular
propuestas que permitan el impulso de una reforma más amplia, en nombre de la “autonomía”,
“la gratuidad” y el rechazo de la privatización aunque en los hechos esta se ha
ido produciendo. En ese sentido, estos últimos actúan reactivamente cada vez
que hay alguna iniciativa de cambio, sea de cualquier signo.
Sin ánimos de caer en discursos “corporativos”
que tratan de levantar los intereses de algún estamento universitario, la
energía demostrada en las últimas movilizaciones contra la discusión de una
nueva ley, pero también su rechazo al actual orden de cosas,
debería convertir a los estudiantes en protagonistas de un profundo
cambio en la educación superior. Ellos deberían ser los más interesados en
mejorar la calidad de su educación.
Sin embargo, para ello, será
necesario emprender una profunda discusión que ponga realmente los puntos sobre
las íes. Lamentablemente las organizaciones estudiantiles, o gremiales no han
estado a la altura de esto. Es necesario, por ello, que al calor de la lucha,
las diversas organizaciones desarrollen desde la discusión de una agenda de
reforma de la universidad y se constituyan los sujetos de cambio. Más allá de
las intenciones buenas o malas de la actual propuesta de ley en discusión, su mayor
problema es haber sido incapaz de promover un verdadero debate al respecto, una
movilización en torno a ello, además de hacerlo desde un espacio, como es el
Congreso, que la mayoría de la ciudadanía siente como ajeno. No basta quedarnos
pues con una lógica defensiva. ¿Se podrá esta vez cambiar la situación crítica
en que están las universidades y la educación superior en general?
Algunos puntos de agenda para reformar la universidad peruana
1. ¿Las
universidades son sólo de los universitarios? Autonomía si, autismo no.
Las universidades peruanas no
sólo son de los universitarios, menos de los negociantes que se enriquecen con
ellas incluidos muchos de los rectores de la Asamblea Nacional de Rectores que
en sus diversos regímenes, sean públicas o privadas, son parte del actual
desastre universitario. La autonomía tiene dos propósitos: darse sus propios
fines y ser capaces de autogobernarse. Sin embargo, estos propósitos no se
desarrollan ni deben desarrollarse al margen de lo que ocurre en la sociedad y
en el país. La relación con los actores estatales y de la sociedad civil, en
sus diversos niveles, es fundamental y la universidad debe rendirles cuentas
tanto en lo económico como en lo que atañe a su labor. Se debe pues convocar el
compromiso de esos actores sociales, y de la sociedad civil regional y
nacional, como se debe exigir el compromiso del Estado con el financiamiento,
la fiscalización y el control de calidad de las actividades universitarias. El
peso mayoritario en cualquier órgano de orientación, planificación y control de
las políticas públicas en torno a la universidad y la educación superior debe
estar en los actores universitarios, pero no sólo en ellos. Los movimientos
sociales, las organizaciones gremiales, los gobiernos sub-nacionales, los
actores económicos, los colegios profesionales junto a las autoridades
educativas también deben participar.
2.
Rescatar
las universidades públicas, acabar con las universidades con fines de lucro.
Se debe detener la privatización
pasiva y activa de la universidad. La privatización pasiva que se viene
produciendo a través de las “pre”, de los servicios como los cursos con
auspicio de la universidad para lograr certificaciones de diverso tipo, son
parte de los negocios privados de autoridades y miembros de las universidades.
Las universidades con fines de lucro, en su gran mayoría, han contribuido al
total deterioro de la calidad universitaria. La universidad privada debe
existir, más debe eliminarse la universidad que tiene por objeto el lucro. Por
otra parte, es necesario que el Estado invierta para la investigación en las
universidades orientado fines para ello, así como a mejorar sus diversos
servicios.
3.
Reformar
el sistema político de la universidad.
Las elecciones libres y
universales para la elección de autoridades y representantes de los diversos
estamentos, es urgente y necesaria. Los rectores de las universidades dicen que
estas elecciones politizarían aún más a las universidades. Esto no hace sino
demostrar que le temen a la democracia para gobernar la universidad y que están
más interesados en salvaguardar sus propios intereses. El voto universal
permitirá romper con la lógica perversa que genera la elección indirecta que
permite la compra y venta de votos y favorecer a las clientelas.
4. Generar
nuevas prácticas de lo universitario. Construir poder popular desde la universidad
para la transformación social.
Los problemas de fondo no sólo
los resolverá una ley. Se requiere de una gran discusión constituyente de lo
universitario que permita elaborar de manera colectiva un diagnóstico de la
universidad y las estrategias a desarrollar para afrontar sus problemas y
desafíos. Pero, incluso más allá de esto, no habrá cambios de fondo si es que
no empezamos a trascender lo universitario como un simple espacio de formación
en el que se presta un servicio, en el que los estudiantes son clientes que van
a ejercer un derecho solamente individual. Requerimos de una universidad al
servicio de la transformación social, que a través del desarrollo de nuevas
epistemologías en perspectivas más interculturales, de metodologías de
reflexión-investigación-acción-participativa, ya través de la organización, acompañe procesos
de construcción de alternativas sociales en los diversos ámbitos y campos. La
universidad debe ser un epicentro de experimentación, un laboratorio en el que
los saberes académicos sean capaces de dialogar con los saberes populares y
abordar los problemas concretos de comunidades, emprendimientos, movimientos
sociales, territorios, etc. a través de talleres, cátedras libres,
investigaciones colectivas. Esto permitirá generar una nueva correlación de
fuerzas que le darán un sentido emancipatorio a las prácticas universitarias y
sostener las reformas institucionales que se precisan.
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